La Segunda Oportunidad es el nombre con el que se designa a la posibilidad, introducida recientemente en la legislación española, de que los particulares sobreendeudados puedan conseguir la liberación total de sus deudas, y así poder empezar nuevamente de cero su vida económico – financiera.

Es, en palabras llanas, un «borrón y cuenta nueva» que hasta fecha reciente era imposible en nuestro Derecho.

El mecanismo de la Segunda Oportunidad se aplica tanto a personas físicas como a unidades familiares.

En lo que hace a las primeras, pueden acogerse a este mecanismo tanto asalariados como autónomos y empresarios.

El mecanismo de la Segunda Oportunidad está diseñado legislativamente, tanto para conseguir la exoneración de deudas de personas o familias trabajadores por cuenta ajena que han podido tener un revés de fortuna a causa de la crisis económica (situaciones de paro o reducción de ingresos que han hecho imposible atender préstamos e hipotecas, etcétera), como para profesionales autónomos arrastrados por una bajada de actividad y/o por avales prestados a negocios ruinosos. Piénsese que en muchos casos, los impagos a los acreedores no sólo acaban desembocando en una cascada de ejecuciones judiciales a instancias de bancos y otros que en última instancia arrastran todo el patrimonio personal y familiar (viviendas, vehículos, etcétera), sino que finalmente provocan una insolvencia que puede acabar siendo permanente.

En efecto, con frecuencia las personas o familias pueden haber perdido todo su patrimonio a resultas de las ejecuciones impulsadas por sus acreedores, pero aún pueden tener deudas pendientes (quizá intereses de demora, u otros préstamos y créditos no atendidos), que posiblemente nunca puedan devolver.

Esas deudas muchas veces generarán embargos permanentes sobre los ingresos periódicos (nóminas, pensiones), supondrán la inclusión en ficheros de morosos (ASNEF y similares), cerrarán absolutamente el acceso al crédito, imposibilitarán iniciar nuevos proyectos profesionales o empresariales en nombre propio, o impedirán aceptar herencias toda vez que lo que perciban por ese concepto estará igualmente afecto al pago de sus deudas pasadas.

Si se dan los requisitos legales este círculo vicioso, que es casi una muerte en vida para el que se ve atrapado en él, puede romperse con el mecanismo de la segunda oportunidad. No dude en llamarnos, en MOREANA | Abogados podemos informarle sobre si puede salir, con toda garantía y en estricto cumplimiento de la legalidad, de esta desgraciada situación.

La dación en pago y el alquiler social son otras vías legales diseñadas para atender la situación de los particulares hipotecados cuando éstos se ven ante la posibilidad de perder su vivienda a manos de la entidad financiera que ejecuta un préstamo hipotecario impagado. Básicamente consisten en convenir con el banco, si se dan una serie de requisitos legales, el alquiler por un tiempo determinado de la vivienda sobre la que pesa la hipoteca, y al final de ese período la entrega del inmueble al banco con extinción de toda la deuda hipotecaria.

Esta vía puede ser útil en determinados casos, pero es de mucho menor alcance que la segunda oportunidad. Consúltenos si puede ser salida para Vd. o si por el contrario existen otras vías más adecuadas y que proporcionen una solución global y completa a sus problemas económico – financieros.

Desde luego así lo parece teniendo en cuenta que hasta mediados de 2015 el art. 1.911 del Código Civil establecía que las personas físicas respondían de sus deudas «con todos sus bienes presentes y futuros». El legislador español, sin embargo, ha incorporado una fórmula que ya existía en otros países de nuestro entorno, abriendo así un camino para que los particulares puedan recuperarse de los reveses de fortuna que han sido tan frecuentes a resultas de la crisis económico – financiera. El cauce legal es muy claro, y si se dan los requisitos legales, el procedimiento es ágil y sin riesgos. No dude en contactar con nosotros a través del formulario.

Si ese es su caso, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (especialmente desde la sentencia de 14 de marzo de 2013), y las reformas legislativas que se han realizado para acatar sus sentencias, han abierto vías de defensa y/o ralentización de los procesos de ejecución que quizá le proporcionen ese tiempo que necesite. Muchas de esas defensas son poco conocidas, por lo que es necesario acudir a un abogado especializado en litigación contra entidades financieras para conseguir una orientación adecuada.