Los empresarios sevillanos consideran un despropósito la nueva normativa de prácticas de estudiantes en las empresas

15/01/2018
  • La obligación de cotizar a la Seguridad Social por las prácticas de los alumnos, incluso las no remuneradas, un nuevo hachazo fiscal para las empresas
  • Mañana miércoles, el presidente de la CES trasladará esta preocupación a la Junta Directiva de la CEOE

La Confederación de Empresarios de Sevilla trasladará a la CEOE la preocupación de los empresarios sevillanos por lo que considera un “impuestazo a la formación” del Decreto Ley, publicado a finales del mes de diciembre, en el que se obliga a pagar a la Seguridad Social por las horas de prácticas en las empresas de los estudiantes de Formación Profesional y de Universidad.

Esta nueva norma viene a dificultar la inserción laboral de los alumnos, por cuanto grava a las empresas o a los centros educativos, con una nueva carga impositiva y, lo que es también importante, con una medida que es a todas luces un despropósito si se pretende incluir en el régimen de la Seguridad Social no sólo a quienes realicen prácticas, sino también a las que no tengan carácter remunerado.

La nueva norma se ha publicado por sorpresa y sin consultar a ninguna de las partes interesadas: autonomías, universidades, empresarios, centros, estudiantes, etc.

La CES considera que ese incremento de costes puede poner en peligro los programas de prácticas. Es más, pueden existir serias dificultades para que los centros formativos encuentren recepción a sus solicitudes y se colapse el sistema.

El Real Decreto dice que deberán pagarlo las empresas, salvo que, en su convenio con los centros, acuerden que éste se haga cargo del pago, o que sin duda plantea un conflicto entre ambas partes, empresa-centro de formación, cuando lo que habría que facilitar es esa necesaria e imprescindible colaboración. Al final, el perjudicado es el joven que quiere terminar sus estudios de Formación Profesional y que se le facilite la experiencia profesional que supone unas prácticas formativas en el entorno laboral.

De hecho, los centros de FP ya están recibiendo quejas de las empresas con las que habitualmente colaboraban, advirtiéndoles que de ponerse en marcha esta nueva exigencia, no recibirán este año al alumnado en prácticas.

Si lo que se pretendía era una nueva forma de recaudación de impuestos, no se ha podido hacer peor, poniendo más dificultades aún a la Formación Profesional, cuando lo que ésta necesita es que se amplíe la oferta de ciclos formativos, que en estos momentos no llega para atender a la altísima demanda de alumnado que quiere acceder.

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